De agentes a referentes: Grassroots Economics y el futuro de la infraestructura financiera dirigida por la comunidad

Desde 2010, Grassroots Economics Foundation de Kenia ha sido pionera en los vales de activos comunitarios (Community Asset Vouchers, CAV): vales digitales locales que se emiten e intercambian en las economías de los vecindarios. Una de estas iniciativas, la Sarafu Network, ha facilitado más de 251 449 intercambios entre pares entre 4476 usuarios durante un período de dos años.² A diferencia de los sistemas monetarios nacionales respaldados por reservas, los CAV se basan en compromisos mutuos de bienes y servicios dentro de las comunidades. Por ejemplo, un agricultor podría emitir CAV prometiendo futuras cosechas de maíz y utilizarlos para comprar servicios de carpintería a un vecino, quien posteriormente utiliza esos mismos CAV para pagar las comidas escolares. La Sarafu Network, administrada por Grassroots Economics como un bien común público, permite que esos vales circulen como promesas colectivas, de modo que cada servicio cumplido fortalece la confianza mutua en lugar de generar deuda financiera. La confianza se mantiene porque la reputación, la revisión entre pares y los registros transparentes garantizan que quienes no cumplen sus promesas pierdan la capacidad de emitir o intercambiar nuevos vales, lo que hace que la confianza social, y no la coerción, sea la base del cumplimiento.

Esta lógica no es nueva. Hace eco de antiguas tradiciones africanas de trabajo rotativo y grupos informales de ahorro, en los que la reciprocidad y la obligación (no los márgenes de beneficios) estructuran la supervivencia colectiva. Lo que la tecnología ha permitido es ampliar el alcance y la durabilidad de estos sistemas, haciendo que los flujos económicos sean visibles para los participantes, los gobiernos y los donantes.

Sin embargo, la tecnología es solo una parte de la historia y no siempre es la más determinante.

Si la infraestructura de los CAV parece ser digital, sus verdaderos cimientos son humanos. Los impulsores, a menudo ignorados, de la interoperabilidad financiera en estos contextos son los “economistas de Grassroots”, agentes locales capacitados que facilitan la coordinación, median la confianza y administran los recursos colectivos de la comunidad.

Estas personas encarnan una paradoja: son tanto agentes de un sistema digital como referentes de la memoria cultural. Al recurrir a prácticas de reciprocidad y dinámicas sociales conocidas, adaptan los protocolos técnicos a experiencias cotidianas basadas en la confianza. Su presencia es lo que evita que la cadena de bloques se convierta en un elemento ajeno a la comunidad. En cambio, se convierte en una herramienta bajo la administración colectiva.

En el trabajo de campo realizado en el condado de Kilifi, surgen historias que ilustran claramente esta dinámica. Por ejemplo, las familias aún pueden obtener alimentos a crédito mediante vales comunitarios otorgados por comerciantes locales, y el pago se aplaza hasta que puedan saldarlo, lo que evoca sistemas tradicionales de reciprocidad, como Mweria.³ En este caso, la “moneda” es menos una forma de dinero que una promesa colectiva, facilitada gracias a la confianza construida por intermediarios humanos. Sin esos agentes, la interoperabilidad digital corre el riesgo de excluir precisamente a quienes busca incluir.

Uno de los resultados más sorprendentes del sistema Sarafu ha sido su capacidad para multiplicar la liquidez. Los análisis de los datos de transacciones de Sarafu indican que los vales comunitarios vuelven a circular varias veces antes de ser canjeados, lo que aumenta su impacto en el comercio local. Se ha observado que este efecto de circulación estabiliza las economías informales y fortalece la resiliencia de las comunidades durante crisis sistémicas, como la COVID-19 y las sequías provocadas por el cambio climático.⁴

A diferencia de las formas especulativas de moneda digital, estos vales no son mercancías. Su valor es relacional y se basa en la voluntad colectiva de los participantes de aceptarlos y respetarlos. Lo que circula no es una escasez abstracta, sino una abundancia arraigada en las relaciones sociales: el reconocimiento de que todos tienen algo que aportar, siempre que exista un sistema que permita coordinarlo.

La integración de la tecnología blockchain en la Sarafu Network desde 2019 ha generado avances en materia de transparencia e interoperabilidad entre las comunidades. Los registros contables compartidos permiten que distintas comunidades salden obligaciones entre diferentes regiones, lo que amplía el comercio y estabiliza el valor.

Sin embargo, alrededor del 22 % de los usuarios potenciales permanecen excluidos debido a un nivel limitado de alfabetización digital o a la falta de acceso a teléfonos inteligentes. Una vez más, los agentes humanos actúan como intermediarios para superar esta brecha y traducen los protocolos técnicos en prácticas socialmente significativas.

La interoperabilidad sin un arraigo local corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que pretende resolver.

Una de las extensiones más innovadoras de los CAV consiste en vincular los vales con infraestructuras digitales de propiedad comunitaria, como servidores de contenido administrados localmente y redes inalámbricas.⁵ Un ejemplo de ello es el sistema iNethi, un marco de código abierto que permite compartir y consumir contenido “sin conexión”. A través de iNethi, los recursos generados localmente, como materiales educativos, noticias o contenido cultural, se almacenan en caché y se distribuyen a través de las redes comunitarias.

Lo que resulta significativo para la inclusión financiera es la manera en que se recompensa la administración. Los participantes que alojan contenido, mantienen nodos de conectividad o aportan recursos educativos reciben vales comunitarios que pueden canjearse por acceso a Internet. Aquí, los vales no solo sirven como medio de intercambio, sino también como incentivo para mantener los activos digitales compartidos, lo que convierte las transacciones en actos de administración.⁶

Estos bienes comunes digitales no son simplemente infraestructuras técnicas fundamentales; son también espacios sociales en los que se recompensa la administración y en los que el contenido y la conectividad se convierten en bienes económicos conjuntos.

De los CAV de Kenia surge una serie de principios de diseño que podrían orientar los futuros sistemas financieros digitales que busquen atender a las comunidades marginadas:

• La confianza es la verdadera interoperabilidad: La eficacia de cualquier solución digital depende menos de los estándares de los protocolos y más de las figuras intermediarias que los integran en las relaciones sociales.
• La liquidez puede ser regenerativa: Cuando las monedas están respaldadas por compromisos en lugar de reservas, el intercambio en sí mismo se convierte en un mecanismo para fortalecer la resiliencia de la comunidad.
• La tecnología debe responder al contexto: Las infraestructuras digitales que ignoran el nivel de alfabetización, el acceso a dispositivos o la familiaridad con las prácticas culturales corren el riesgo de profundizar la exclusión. Los sistemas deben adaptarse a las realidades locales.
• La infraestructura es más que tuberías y código: Las redes de propiedad comunitaria y los bienes comunes digitales compartidos demuestran que la inclusión financiera puede vincularse con formas más amplias de cuidado colectivo.

Aunque estas prácticas tienen sus raíces en las economías comunitarias de Kenia, repercuten en todo el mundo. Las cooperativas de ayuda mutua en América Latina, los círculos de crédito de comunidades indígenas del sudeste asiático y las nuevas formas de finanzas solidarias en Europa representan valores y prácticas similares. No se trata de generar una disrupción, en el sentido de Silicon Valley, sino de recordar: recuperar las tradiciones colectivas de intercambio y actualizarlas con herramientas digitales cuando estas resulten útiles.

Esta perspectiva está profundamente relacionada con los debates sobre sistemas financieros abiertos e interoperabilidad. Las instituciones internacionales y organizaciones sin fines de lucro, como Interledger Foundation, que administra protocolos de pagos transfronterizos, podrían preguntarse: ¿quiénes son los actores clave y cuáles son sus incentivos? El caso de los economistas de Grassroots sugiere que la respuesta no se encuentra únicamente en las instituciones o redes, sino también en las personas que actúan simultáneamente como administradores técnicos, referentes culturales y facilitadores de confianza.

Si los sistemas globales aspiran a lograr la inclusión financiera, deben aprender de estas microeconomías: la inclusión no es, ante todo, una arquitectura técnica, sino un tejido social. Al situar a los intermediarios humanos en el centro, junto con las herramientas digitales, podemos comenzar a diseñar sistemas que realmente amplíen el horizonte de las posibilidades económicas.